Sociedad civil rechaza posible control gubernamental de las redes sociales

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El rechazo social a la posibilidad de controlar las redes sociales (Facebook, Twitter, YouTube, entre otras) bajo el argumento de combatir el ciberacoso y garantizar la seguridad ciudadana, de parte del gobierno del presidente designado por el Consejo Supremo Electoral, Daniel Ortega, fue evidente en las mismas redes sociales, ayer después que Rosario Murillo, vicepresidenta designada hizo pública la apertura del debate.

“(…) Hemos planteado al presidente de la Asamblea Nacional de parte del presidente, el Comandante Daniel como jefe de Estado, que abramos un gran debate que nos permita… revisar a la luz de las situaciones actuales… porque estamos conectadas al internet, estamos en las redes sociales y podemos estar siendo influenciados negativamente por esas redes sociales… y afectar la convivencia que tenemos…”, dijo Murillo este lunes en su comparecencia del mediodía.

La sociedad civil en general inmediatamente mostró su preocupación y repudio a la posibilidad planteada tanto por Murillo como por otros funcionarios del Gobierno.
“Deploramos las tentativas de las autoridades públicas de bloquear el acceso a la información —en internet o en otros medios de comunicación social— impidiendo la legítima libertad de expresión y opinión”, tuiteó Silvio José Báez, obispo auxiliar de la Arquidiócesis de Managua.

La campaña viene en serie por medio de varios funcionarios.

La propuesta inicial la hizo pública el viernes 9 de marzo la magistrada de la Corte Suprema de Justicia, Alba Luz Ramos, durante un acto de celebración del Día de la Mujer en los Juzgados capitalinos, donde expresó que “el acoso en línea se ha convertido en uno de los tipos de violencia más comunes y masivos, se escuda en el anonimato…”.

La funcionaria reaccionó después que varios magistrados de ese poder del Estado fueron atacados y denunciados de supuestos actos de corrupción a través de un perfil anónimo en las redes sociales.

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Ramos mencionó que la magistrada de Apelaciones, Martha Quezada, está realizando una tesis doctoral sobre los ciberdelitos y se la pedirían “para estudiar esta opción de proponer de que sea tipificado el ciberdelito”, afirmó la funcionaria.

“Quieren callar a la población”

Para organismos de mujeres y defensores de derechos humanos, lo que existe detrás de esta propuesta es querer callar a la población que hace uso de estos medios para denunciar corrupción estatal y los abusos de los funcionarios, como se puede apreciar en el caso recurrente de agentes de la Policía de Tránsito.

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“Están asustados porque no pueden detener la crítica en las redes sociales, ahora están buscando medios para callarnos y poner un bozal, lo cual sería otra muestra del totalitarismo de este Gobierno”, denunció Magaly Quintana, defensora de los derechos humanos de las mujeres.

En el mismo sentido, Juanita Jiménez, del Movimiento Autónomo de Mujeres, dijo que “es peligroso cualquier tipo de Ley que pretenda controlar la opinión pública o el derecho que tienen los ciudadanos de expresar su molestia y fiscalización hacia los poderes del Estado. Todo funcionario está sometido a la fiscalización ciudadana y nos preocuparía toda intención de querer censurar esa libertad de expresión y ese derecho de la ciudadanía de expresarse”, dijo Jiménez.

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Las defensoras de derechos humanos agregaron que las organizaciones civiles, especialmente el movimiento de mujeres tienen 11 años de estar sufriendo ciberacoso, para desacreditar y cuestionar el quehacer de las organizaciones de mujeres y las autoridades han sido complacientes.

“Es extraño que se sientan amenazados cuando han sido los principales ciberacosadores desde el Gobierno y las instituciones. Tienen equipos de comunicadores asignados para atacar desde perfiles falsos y nosotros ni siquiera los bloqueamos, porque no creemos que la censura sea una salida”, agregó Quintana.

Fuente: La Prensa

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