Ley de “reconciliación” tiene como fin controlar a las familias nicaragüenses

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La dictadura de Daniel Ortega pretende interferir en el ámbito de la familia y de las escuelas con la imposición de su modelo de “cultura de paz y reconciliación”, con el fin de endurecer su modelo totalitario, pero sin reconocer su responsabilidad en la masacre estatal que ha dejado entre 325 y 528 muertos desde abril, según expertos consultados por LA PRENSA.

Los juristas Gabriel Álvarez y Carlos Tünnermann dijeron que la política de “promoción de reconciliación”, que sería convertida en una ley por el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, tiene como objetivo central extender el control político y el adoctrinamiento partidario a través de los órganos represivos como la Policía Orteguista (PO), los Consejos de Liderazgo Sandinista (CLS) y los Consejos del Poder Ciudadano (CPC).

Tienen la autoconsulta

La vicepresidenta dictadora Rosario Murillo dijo este jueves que está “casi por concluir la consulta” “de la propuesta de ley para una política de Estado para la reconciliación y la paz”, en la cual solo han participado grupos afines al orteguismo como los CLS, la Juventud Orteguista, las alcaldías e instituciones públicas que responder al régimen.

“Esta política la estamos haciendo circular nuevamente para que se conozca, propuesta de política que esperamos poder llevar a la Asamblea Nacional y distribuir entre todos los que quieran contribuir a que encontremos cada vez con más fuerza”, dijo Murillo en su alocución en los medios oficialistas.

El 3 de diciembre próximo sería presentada la propuesta final de la ley de “reconciliación” en la Asamblea, según el plan oficial. El jurista Álvarez explicó que la política propuesta es la intromisión del régimen en el ámbito familiar para “manipular” y detectar todo aquello que signifique una amenaza, y lo harían a través del espionaje en las escuelas, los cultos religiosos, las comunidades y la acción amenazante que harían el Ministerio de la Familia, el de Educación, el de Salud, la Policía Orteguista y otros órganos represores.

“La concepción de esta política es el totalitarismo. No dice nada de reformas electorales, de justicia con las familias de los muertos en estos meses de cruel represión… pero ahora aquí el Ministerio de la Familia, la Policía se meterán a los hogares a decir cómo se educan a los hijos, eso sería aceptar la suma dominación de toda la sociedad por un partido”, afirmó Álvarez.

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La ley de “reconciliación” tendría violaciones constitucionales, refirió Álvarez, pues “las escuelas de valores familiares” —propuestas por el ejecutivo— se contradicen con el artículo 73 de la Constitución, que “establece que los padres de familia son los encargados de transmitir los valores a sus hijos y no las instituciones del Estado”, dijo.

Además, afirmó, se violenta el carácter laico del Estado. Un segundo objetivo para Álvarez es que la dictadura Ortega-Murillo busca “recomponer” a sus bases, que ha perdido tras la masacre. Tünnermann expresó que una política de “paz” debe surgir en un diálogo nacional, en el cual lo primero que debe acordarse es la recomposición de la Policía, cambiando a todos los altos mandos responsables de la masacre.

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