Dictadura niega reparación a las víctimas de la matanza

Lizeth Dávila no pretende una indemnización por el homicidio de su hijo, Álvaro Conrado. Ella solo anhela un castigo para los culpables. El adolescente fue asesinado por un francotirador el 20 de abril de 2018.

Pese a la posición de esta madre, la justicia que tanto desea, contempla un elemento de reparación, que incluye indemnizaciones y atenciones para enfrentar su pérdida y las de cientos de familiares de los 325 asesinados por la represión orteguista, miles de heridos, decenas de desaparecidos y decenas de miles de exiliados.

La madre de Álvaro, el adolescente mártir, puede aceptar o rechazar cualquier restitución, aunque para llegar a ese punto faltan muchos días de negociación con el régimen orteguista, que niega la existencia de muertos, heridos, secuestrados y torturados, lo que dificulta cualquier compensación para los familiares de asesinados y los sobrevivientes de la represión, que vive el país desde el 18 de abril del año pasado.

La reparación es parte de la demanda de justicia de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, que incluye la verdad sobre la masacre y no repetición, basada en las exigencias de la Asociación Madres de Abril, a la cual pertenece Dávila. A su vez, la Asociación ha tomado elementos del Plan Integral de Reparaciones del Grupo Interdisciplinario de Expertos Internacionales (GIEI), que determinó que el régimen cometió crímenes de lesa humanidad, en el contexto de la represión a las protestas cívicas de 2018.

“Partimos de la premisa fundamental de que es necesario detenerse sobre lo sucedido y emprender una reflexión social para entender no solamente las causas inmediatas, sino también las (causas) profundas de los recientes actos de violencia y sus consecuencias sobre los individuos, familias, comunidades y sobre la sociedad nicaragüense en su globalidad. El GIEI considera que solamente de esta manera se podrá romper el ciclo de crisis políticas, conflictos armados internos, dictaduras y violaciones masivas y sistemáticas a los derechos humanos, que Nicaragua vive de manera repetida en su historia reciente”, indicaron los expertos en su plan integral.

Justicia transicional

La reparación de las víctimas es uno de los tres aspectos en lo que se basa la justicia transicional, que es lo que varios sectores nacionales e internacionales sugieren se adopte en Nicaragua. Los otros dos elementos son: conocer la verdad y hacer justicia.

La justicia transicional es la que se aplica en países tras una guerra, una crisis con saldos trágicos o que viven el proceso de transición de una dictadura a una democracia. Con ella se busca reparar las violaciones masivas de derechos humanos a través de medidas especiales judiciales y políticas.

En Colombia, se estaría aplicando la justicia transicional tras el conflicto con la Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). Esta iniciativa también se ha aplicado en Guatemala, Ecuador y en otros países de la región.

José Pallais, exvicecanciller y delegado propietario de la Alianza Cívica en el diálogo, aseguró que el Gobierno no apoya la propuesta de una justicia transicional para Nicaragua.

Reparación a su manera

El exdiplomático mencionó que de la propuesta de justicia, el régimen solo acepta la parte de la reparación, pero “no apoya lo de la Comisión de la Verdad, la justicia transicional, el arrepentimiento, ni tampoco el compromiso de no repetición y las reformas institucionales para no repetición”.

Explicó que la idea de reparación del régimen orteguista se basa en atenciones en los servicios sociales del Gobierno, como en el Seguro Social o Ministerio de Salud. “No contempla una reparación financiera”, afirmó.

El GIEI propone una compensación económica por los daños morales y materiales ocasionados a las víctimas, lo que contribuiría “a que tengan una proyección de vida hacia delante y un futuro en condiciones de dignidad y bienestar”.

Para los expertos, la compensación debería favorecer a los parientes los asesinados y desaparecidos, y “al sobreviviente y núcleo familiar de las personas que sufrieron detención arbitraria y secuestro y que sufrieron violencia sexual y tortura y tratos crueles, inhumanos y degradantes, que derivan en situaciones de discapacidades mentales o físicas permanentes o totales, parciales o temporales; al niño o niña que naciera producto de una violación sexual”.

Demandar a funcionarios

Pallais manifestó que “el Estado es corresponsable y tiene que pagar, aunque el Estado puede trasladar o repetir contra los funcionarios que estuvieron involucrados”.

Para la exguerrillera sandinista, Dora María Téllez, el régimen no está interesado en la reparación de las víctimas porque sabe que tendría que demandar a los funcionarios que hicieron un “uso delictivo” de sus cargos.

“A la ministra de Salud (Sonia Castro), por ejemplo, el régimen tendría que demandarla por haber dado la orden de no atender a los heridos en las protestas. Cuántas personas no habrían muerto o cuantos se habrían evitado secuelas de por vida, de haber tenido una atención a tiempo”, subrayó la excombatiente.

El GIEI resalta en su informe final que la legislación nicaragüense establece que “todo aquel que por dolo o por un hecho malicioso, cause a otro un daño, está obligado a repararlo junto con los perjuicios” y que “la ejecución de un hecho descrito en la ley como delito, obliga a la reparación de los daños y perjuicios”.

Madres de Abril
“Luto nacional”, un cártel durante una de las protestas en Nicaragua. Franklin Villavicencio | Confidencial

Ni una palabra en la ley

Téllez comentó que si el régimen acepta que haya reparación de víctimas, reconoce que hubo “dolo” en la actuación de sus algunos de sus funcionarios y comisionados policiales.

En la Ley para una Cultura de Diálogo, Reconciliación, Seguridad, Trabajo y Paz, aprobada por la Asamblea Nacional —de mayoría oficialista— en enero pasado, no hay ninguna mención al tema de la reparación de víctimas.

La legislación no establece medidas concretas para alcanzar el diálogo o la reconciliación, en un compendio de declaraciones líricas, que se limita a indicar someramente que el Gobierno promoverá valores “familiares y cristianos” a través de sus instituciones.

“Esa ley no tiene nada, quiere que los nicaragüenses se olviden, que crean que no hubo víctima ni muertos”, sentenció Téllez.

Para determinar el dolo

Carlos Tünnermann Bernheim, exdiplomático y delegado propietario de la Alianza Cívica en las negociaciones con la dictadura, explicó que el dolo “tiene que ser determinado primero por una Comisión de la verdad, y luego por una Fiscalía Especial”. El régimen se opone a la creación de ambas instancias.

El académico señaló que para la Alianza Cívica se debe integrar una Comisión de la Verdad — “formada por personas de reconocida trayectoria, honorabilidad, imparcialidad y objetividad”—, para esclarecer quiénes fueron los responsables de los hechos ocurridos del 18 de abril de 2018 en adelante.

“Como no hay confianza en la Fiscalía General de la República, por la forma que ha actuado en los juicios, nosotros proponemos que se cree una Fiscalía Especial, que sea la que haga las investigaciones, una vez que tenga los informes de la Comisión de la verdad, donde se esclarezca las responsabilidades”, razonó.

Tünnermann expresó que la reparación de las víctimas será incluida en los tratamientos que la Fiscalía Especial dará a las personas que hayan “reconocido” un daño causado. “Dentro de este principio es que se debe establecer la reparación para las víctimas, de manera que todas las personas que hayan causado daño o cometido abuso de autoridad, durante el contexto de los hechos, deben contribuir a repararlos”.

Funerales de una de las víctimas de la represión, el 10 de junio. Carlos Herrera | CONFIDENCIAL.

Amnistía no los libra

Téllez, Pallais y Tünnermann coincidieron en que una ley de amnistía no exime de una reparación de las víctimas, a los responsables directos de los abusos.

El magistrado de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Francisco Rosales, anunció que la dictadura pretende decretar una amnistía para liberar a los reos de conciencia ya condenados.

Con esta amnistía, el régimen se aseguraría dejar impunes los crímenes cometidos por policías y paramilitares orteguistas.

Rosales, uno de los delegados orteguistas en la negociación, dijo que la liberación de los condenados solo puede hacerse “a través de una amnistía o un indulto, porque el proceso judicial debe ser cerrado de acuerdo a la ley”.

Pallais explicó que la amnistía pretendida por el orteguismo “no cubre los delitos de lesa humanidad, que no prescriben”, por lo que los responsables de estos delitos no estarían “protegidos”.

Tünnermann acotó que en la Alianza no han contemplado el tema de una amnistía. “Estamos hablando de justicia transicional”, subrayó.

Investigar a responsables

En su informe final, el GIEI recomendó que se “investigue la responsabilidad en los hechos del presidente de la nación, Daniel Ortega, como jefe supremo de la Policía Nacional, de quienes revistieron como directores generales (Aminta Granera y Francisco Díaz), los subdirectores generales Ramón Avellán y Adolfo Marenco, encargados de las áreas operativas y de inteligencia e integrantes de la Jefatura Nacional”.

Los expertos propusieron investigar también a las “autoridades de las distintas delegaciones departamentales y regionales” de la Policía, las “autoridades de la Policía de Managua, comisionados Sergio Gutiérrez, Fernando Borge y Juan Valle, del departamento de Vigilancia y Patrullaje, y el jefe de la DOEP, Justo Pastor Urbina, y los jefes de las unidades especializadas que integran el DOEP (Dirección de Operaciones Especiales)”.

Además, sugirieron examinar la responsabilidad de la ministra de Salud, Sonia Castro, y la dirección de cada hospital público, qué rol tuvo la estructura sindical de FetSalud, en la no atención de los lesionados, y qué “medidas se tomaron—o no— para garantizar la salud pública en casos de suma gravedad”.

Daniel Ortega en la delegación policial de Masaya cuando intentó conmemorar el aniversario del Repliegue. Presidencia | Confidencial

Herencia del régimen

Tünnermann indicó que si este Gobierno no hace las reparaciones “que justamente correspondan”, le tocará a un futuro Gobierno “recibir las quejas o los reclamos y atenderlos”.

Pallais dijo que un nuevo Gobierno tendrá la responsabilidad de las reparaciones económicas. “La responsabilidad institucional no acaba con el Gobierno que lo hizo, sino que se traslada al Estado mismo, como corresponsable por haberlo permitido, independientemente al cambio de Gobierno. Esto es una herencia”.

“Un nuevo Gobierno debería de tener una política muy clara en esa línea, como un elemento de respeto a los derechos humanos y de justicia”, agregó.

Pallais recomendó que una nueva administración debería preparar un dispositivo de posibles demandas contra los “funcionarios directamente responsables” de los abusos cometidos.

Para Téllez, entre esos funcionarios destacan Ortega, como jefe supremo de la Policía, y la vicepresidenta Rosario Murillo, como administradora de la cosa pública. “Ellos daban las órdenes, son los primeros responsables”.

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Author: radiohermanos

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